Los actuales regímenes de organización económica, política y social se sostienen sobre la idea de crecientes estándares materiales de consumo, un aumento gradual de la población y sistemas de protección de los riesgos sociales que suponen un crecimiento económico continuo. El crecimiento económico no sólo es un indicador de salud económica, sino también de éxito político porque no sólo crea riqueza sino que crea la ilusión de que “nadie pierde”: los capitalistas reciben altas ganancias, los trabajadores consiguen empleo y mejores salarios, los Estados captan mayores recursos fiscales. El éxito electoral queda así asegurado.
Pero los problemas de sustentar la organización económica, social y política en el crecimiento económico continuo son cada vez más evidentes. En particular, existen sobradas evidencias para probar que los actuales regímenes de crecimiento económico cada vez generan más costos ambientales, con emisiones de gases de efecto invernadero como una de sus manifestaciones principales (aunque no la única).
Dada la naturaleza “entrópica” del proceso económico, en general, y de las actividades industriales en particular, las emisiones de CO2 son un output inevitable en tanto la energía fósil sigue siendo uno de los principales inputs. La dependencia del crecimiento económico de las emisiones de CO2 es el lógico corolario del uso de la energía fósil. Es por eso evidente que son necesarias políticas que terminen con la dependencia entrópica que muestra el actual sistema productivo y de consumo con respecto a los limitados recursos naturales existentes (tierra arable, foresta, stock ictícola, agua, la capacidad de absorción de gases de la atmósfera, etc.). En breve, no sólo que se agotan los recursos naturales sino que el modo en que se los usa tiene efectos negativos para el ecosistema, entre los que sobresale el cambio climático.
Como conclusión lógica, atender estos problemas reclama la transformación de las prácticas de producción y consumo actualmente hegemónicas, pasando a utilizar tecnologías que desacoplen el crecimiento económico de la emisión de gases que acentúan el efecto invernadero y de los recursos naturales no renovables. Pero pese a que el desafío de moverse hacia un régimen de crecimiento económico “des—carbonizado” es acuciante, no parece sencillo promover una reorganización de las prácticas de las sociedades modernas de la envergadura que requiere este desafío. Para ello, es necesario la construcción de un nuevo sistema conceptual y un nuevo sistema de indicadores que permitan evaluar no sólo la sustentabilidad del sistema (Stiglitz et al. 2009), sino también las propias políticas propuestas para adaptarse y mitigar los efectos del cambio climático.
Pese a estas evidencias, hasta el momento la pretensión de desacoplar la actividad económica de los daños ambientales no ha tenido mayor éxito. Ello sucede aun cuando existe suficiente evidencia de que el crecimiento económico por encima de un determinado punto no sólo produce daños a la sustentabilidad ambiental sino también al bienestar “objetivo” y “subjetivo” de las personas. Si bien técnicamente se ha demostrado que es posible incrementar la eficiencia ambiental en el uso de recursos, incorporar tecnologías de innovación y reducir la polución ambiental, las experiencias en la materia han sido y tienden a ser insuficientes frente al crecimiento de la población y las crecientes demandas de consumo material per cápita.
Este trabajo está estructurado en nueve secciones incluyendo esta introducción como primera sección. En la segunda sección se presenta algunas reflexiones sobre cambio climático, crecimiento económico y política social. En la tercera sección se dan a conocer los efectos de la transición hacia una economía más verde, mientras en la cuarta sección se presenta algunas reflexiones sobre los efectos distributivos del cambio climático. La quinta sección da a conocer una visión alternativa del cambio climático como un nuevo tipo de riesgo social estructural. Seguidamente se presenta en la sexta sección el concepto de vulnerabilidad social y algunas de sus dimensiones que incorporan el mercado laboral, lo demográfico, la salud y la educación. En la sección siete se reflexiona sobre la necesidad de una “integración” de las políticas que aborden conjuntamente las decisiones ambientales, económicas y sociales. En la octava sección se incluye el concepto de universalismo básico a los ya mencionados de riesgo social y vulnerabilidad social. Finalmente se presentan algunas consideraciones finales.
